Desde la Universidad Sudamericana informamos que hemos presentado formalmente una denuncia ante el Ministerio Público y solicitado la apertura de una investigación exhaustiva que permita esclarecer el origen de la documentación que ha sido objeto de debate público, así como determinar las circunstancias y responsabilidades vinculadas a su generación, registro y posterior utilización.
Consideramos de suma importancia que las autoridades competentes analicen de manera detallada todos los antecedentes del caso vinculado a Hernán Rivas. Nuestro objetivo es que se identifique con claridad quiénes intervinieron en la generación de la documentación cuestionada, en qué contexto se produjo y cuáles fueron los procedimientos aplicados en cada etapa, a fin de que se determinen las responsabilidades que correspondan.
Es necesario reiterar que la actual administración de la Universidad no participó de los procesos académicos en cuestión, ya que asumió la conducción institucional con posterioridad a los hechos actualmente investigados. Nuestra gestión se ha limitado a emitir las certificaciones correspondientes basándose estrictamente en los archivos institucionales recibidos, cumpliendo con el marco legal y reglamentario vigente.
Reafirmamos nuestra total disposición para colaborar con el Ministerio Público. En dicho sentido, pondremos nuevamente a su alcance toda la información y documentación disponible para el correcto desarrollo de su labor. Como institución, somos los primeros interesados en que esta situación se resuelva de manera definitiva y transparente. Lo que buscamos es que se esclarezca plenamente el origen de la documentación cuestionada, se conozca la verdad de los hechos y se determinen las responsabilidades que correspondan.
Buscamos resguardar el prestigio de nuestra Universidad y, al mismo tiempo, contribuir a la confianza en el sistema de educación superior.
Finalmente, reiteramos nuestra confianza en las instituciones del Estado y en que su labor aportará la claridad necesaria sobre este tema, fortaleciendo la seguridad jurídica y ratificando nuestro compromiso con la transparencia, la institucionalidad y la colaboración con las autoridades competentes.
